Hace casi 20 años, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) sesionó por primera vez y no fue en sus endémicas instalaciones de Viaducto Tlalpan. Un personaje clásico del autoritarismo mexicano, Fernando Gutiérrez Barrios, presidía aquel órgano que todavía no era ciudadano, ni profesional, ni autónomo del gobierno, pero su sesión inaugural y el contexto de su celebración, ya anunciaba el destino -dramático hasta la teatralidad- de esa institución que apenas comenzaba a caminar.
Como se sabe, las elecciones precedentes (las de 1988) habían sido las más competidas e impugnadas de la historia moderna (hasta entonces) y el IFE había nacido precisamente como respuesta a la trágica crisis de confianza en el sistema electoral. La historia se conoce: durante la noche misma de la elección, las cifras oficiales fueron interrumpidas durante largas y delirantes horas, produciendo un shock de incertidumbre, impugnación e incredulidad. Luego de ese episodio y su secuela, era absolutamente necesaria otra ley y otra estructura organizativa, si es que el sistema político iba a tener algún futuro electoral, o sea, si su disputa por el poder andaría por cauces pacíficos, legales y civilizados. La respuesta a esa disyuntiva fue el IFE: una institución bizarra pero abierta, anclada ya en el porvenir y en la modernidad política de México.
El parto de la reforma legal y de los cambios constitucionales que dieron vida al IFE fue muy doloroso y con una de las fuerzas vitales de la elección –la que después formaría el PRD- fuera de su pacto fundador. Los Consejeros, figura novísima -por ser los primeros profesionales electorales de México- estaban obligados a aplicar una ley absolutamente desconocida y por si fuera poco, en 1991, trabajarían en un clima público desconfiado, exasperado y repleto de contradicciones.        
Así también cursó el proceso electoral de 1994; así el del año 2000, el de seis años después y así los comicios recientes de julio del 2009, ejecutados luego de una profunda y extensa reforma a la idea misma de la competencia electoral. Fueron seis pruebas organizativas en las que el IFE emergió fortalecido a pesar del escepticismo, un IFE mejor, cada vez más creíble y solo en una ocasión, en el 2006, esa trayectoria prometeica no pudo continuar.
No es este el lugar para discutir qué fue lo que ocurrió en ese año de inflexión (2006) aunque su lección es obvia: la vida democrática y sus instituciones clave, no están dadas, ni garantizadas, ni son inmunes a los vientos desatados de las grandes fuerzas políticas nacionales, llagadas por la descomunal desigualdad social, por diferencias infranqueables y además, por largas y virulentas campañas. Importa más señalar cómo en su trayectoria histórica, el IFE logró conquistar la confianza pública y asentarse como pieza esencial de la vida democrática.
Si se echa la vista atrás, el IFE es el resultado de una profusa elaboración política, organizacional e intelectual, quizás, de las más importantes que se hayan concebido en el México contemporáneo. No solo es la institución que instaló la noción de transparencia en su versión más drástica (los partidos políticos y cientos de consejeros, miran, vigilan y verifican todos los procesos de la elección y más allá), sino también es el edificio que durante lustros incubó varias de las novedades institucionales más radicales: emisión del principal documento de identidad ciudadana, mediante una credencial universal y gratuita con fotografía; desde cero, creación de la base de datos personales más grande y confiable de México; el procedimiento de sorteo de millones de ciudadanos para hacerse cargo de cientos de miles de casillas; la cuidadosa confección de una precisa geografía nacional, total; puesta en marcha del primer servicio profesional de carrera en el país; edificación de un sistema especializado de justicia electoral expedita y efectiva; creación de un régimen severo de fiscalización y rendición de cuentas sobre entidades de interés público, que dio paso a las sanciones más importantes de la historia administrativa del país (los casos Pemexgate y Amigos de Fox); introducción de la noción de “ciudadanización”, esto es, de personalidades con prestigio propio que aceptan hacerse cargo de las decisiones en la institución; la construcción de las primeras reglas y de la tecnología para la regulación de los medios de comunicación electrónica en México, entre otras invenciones institucionales, son parte de la historia vital de la autoridad electoral.
Pero el IFE no se instaló en la vida pública y produjo la confianza en las elecciones mexicanas solo, ni principalmente, por su “diseño institucional” o por sus novedades orgánicas. La generación de esa confianza pública (algo que han tenido muy pocas instituciones en el país) es hija de una historia menos idílica, llena de riesgos, graves diferencias y choque de concepciones al interior. Y aunque es políticamente correcto decir que las sucesivas generaciones de “los consejeros” lograron establecer un nuevo orden electoral federal, la frase -siempre dicha a la carrera- es demasiado gorda como para dar cuenta de la complejidad de esa historia real.
Según creo, el tramo que va de 1996 al 2003, es el que acreditó al IFE como una institución confiable ante los ojos del mexicano más escéptico, de todos los partidos y de los cánones internacionales. Tales resultados prevalecieron porque creo, triunfaron tres tesis esenciales sobre el papel y el talante de la propia autoridad electoral. Veamos.  

Una concepción del IFE
La primera condición del trabajo de la autoridad electoral es el sano letrismo en la interpretación y aplicación de la ley, y para entenderlo podemos recordar un episodio elocuente.
En un lejano noviembre de 1996, se disolvió lo que parecía un promisorio consenso. El país venía de una espectacular reforma constitucional que canceló las posibilidades de fraude electoral, equiparó por primera vez las condiciones de la competencia entre partidos y abrió las compuertas para la alternancia política, lo mismo en la capital que en el resto del país. Esa reforma electoral, como ninguna otra hasta entonces, había concitado el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del resto de organizaciones representadas en el Congreso. No obstante, en el último momento, cuando había que traducir el cambio constitucional en disposiciones legales, el PAN y el PRD abandonaron el barco y votaron en contra del nuevo Código Federal Electoral.
¿Qué debía hacer la nueva administración del IFE? ¿Debía exhibir su independencia del gobierno y del PRI sumándose a la nueva postura de la oposición? ¿Debía “interpretar la ley” de un modo abierto e imaginativo para sintonizarla con otras tantas causas “democráticas”? Aquella camada de Consejeros era producto del consenso y todos ellos eran portadores de una legitimidad esperanzada, especialmente, porque serían ellos quienes pondrían en acto y se encargarían de ejercer la novísima autonomía constitucional del Instituto frente al gobierno. A ojos de muchos habían acabado enredados en una contradicción fatal, pues aplicar una ley solo respaldada por el PRI, sería muestra de subordinación real, lo que haría fracasar las aspiraciones del cambio político.
Una agria lucha interior planteó la cuestión pero se resolvió mediante una cuidadosa evaluación de la Carta Magna y de la ley. El nuevo código reflejaba el cambio constitucional (el consenso original) y aunque algunos partidos abjuraban (momentáneamente) de esas reglas, la autoridad acabó aplicándolas de modo inequívoco y sin rodeos. Aquel IFE empezó su travesía de ese modo: con la estricta, obstinada y literal lectura de la ley. Aquel Consejo recién estrenado vivió así, su primer quiebre interior pero del conflicto se impuso una línea que ofreció criterios constantes, muy discutidos, pero permanentes y duraderos, a todos los contendientes (varios años después, vendría un inspirado Tribunal a cambiar las cosas, pero esa es otra historia)
Ese código electoral se mantuvo inalterado, regulando las contiendas durante cuatro elecciones sucesivas en 1997, 2000, 2003, 2006 y al final, Consejeros y partidos, lo admitieron como único asidero para navegar en el largo plazo.
Todo lo cual, hoy, nos parece una obviedad o un lugar común, pero no lo era entonces y la circunstancia demostró que el apego a la letra de la ley, ceñirse al libreto y al guión que señala el Código de un modo constante y previsible, es la mejor demostración de independencia y de autonomía, lo que realmente distingue y emancipa a los Consejeros del apoyo original, de la estrategia o la complicidad con un partido político. Es la condición esencial para la producción de la confianza.
Otro tema importante tuvo que ver con la preservación o no, del personal ejecutivo del IFE, el personal heredado de la época predemocrática.   En aquellos años, nada parecía más tentador ni más negociable que sacrificar a los organizadores, vocales, técnicos del “viejo IFE” para satisfacer los instintos taumatúrgicos de quienes se creían con el deber de refundarlo todo. Era una carta fácil que lanzar un mensaje de renovación radical. Durante algunos años, antes del 2000, varios miembros del Consejo General preveían un ritual de sacrificio que purificaría a la institución y que de paso, permitiría la introducción de “sangre nueva”, “sociedad civil”, “ciudadanos desinteresados” a la operación electoral.
A contrapelo, había una postura distinta que partía de un doble reconocimiento: primero, que los encargados de organizar las elecciones no podían seguir siendo funcionarios que no fueran expertos. Y en segundo lugar: que las labores técnicas y jurídicas -tan cuidadosamente descritas por más de trescientos artículos de nuestra ley electoral- habían alcanzado ya una intensidad, una complejidad y una magnitud tal que solo un personal bien entrenado, poseedor de probada experiencia, podía afrontar.
Se trató de un debate a la vez interno y público que se instaló con toda fuerza entre 1998 y el año 2000 y que provocó las discusiones más ríspidas y los más agrios disensos al interior del IFE. Un eficiente Secretario Ejecutivo fue removido, merced a esa voluntad de “purificación” y muy pronto, el clima interno se envenenó. El tema no era ninguna novedad, pues desde su creación, el IFE estuvo sujeto a exigencias políticas que no permitieron la maduración ni la consolidación de su estructura profesional; sin embargo, en esos años, la disputa alcanzó su escala de mayor tensión.
La fórmula que dio cauce a esta situación límite, fue venturosa: preservar a los cuadros profesionales con experiencia pero dentro de un contexto de exigencia mucho mayor. Los Vocales y técnicos probados desempeñando su trabajo dentro de un sistema de anillos vigilantes a todo lo largo de la cadena organizativa electoral. Fue reformado el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y se instauraron las evaluaciones anuales, especialmente rigurosas, de cada uno de los servidores públicos integrantes de la estructura ejecutiva. Los funcionarios electorales tuvieron que acreditar su calidad y honestidad frente a los partidos políticos y de ese modo se normalizó su permanencia.
El asunto era crucial: se trataba de otro acomodo de la autonomía del IFE. Esta vez, autonomía frente a los partidos, sustrayendo a la institución de los imperativos y los vaivenes de la lucha política, para convertirla en un organismo regido por su propia lógica administrativa, legal, meritocrática e independiente. No hubo refundación ni la expulsión masiva de funcionarios electorales, pero el cambio fue muy profundo en las reglas de ingreso, selección, permanencia y evaluación. Una solución menos espectacular pero más sólida, confiable y a la larga, también más productiva.   
Un tercer elemento definió la estabilidad y credibilidad del IFE: evitar que su máximo órgano de dirección, el Consejo General, tomara decisiones mediante la conformación de un bloque mayoritario, petrificado e inconmovible. De todas, fue la decisión más difícil, porque requería de la mayor seguridad política e intelectual.
Varios miembros del Consejo y aún, comentaristas en el exterior,  abonaron por la opción del “bloque” en varios momentos de aquellos años: que el IFE sólo sería gobernable si no se soldaba una alianza permanente entre cinco o seis de sus miembros, independientemente de las determinaciones, los temas ó los argumentos involucrados. La idea de que el organismo electoral fuese dirigido mediante un grupo afín y coagulado parecía atractiva, sintonizada con la cultura política corporada y sobre todo, cómoda, porque permite evadir el estudio riguroso, el trabajo de análisis y el farragoso problema de arriesgar opiniones propias disimulándolas en la mayoría pre construida del bloque. Y lo más importante: un bloque patitieso puede agradar o favorecer permanentemente a un partido, o a dos, pero inevitablemente acabará enajenando, decisión tras decisión a los demás partidos y cuestionando la solidez jurídica e intelectual de las resoluciones.
Por fortuna eso no ocurrió entre 1996 y 2003. Gobernar al IFE sin un bloque, discutiendo cada asunto, cada acuerdo, cada sanción, uno por uno, por sus méritos, convenciendo o discrepando con cada Consejero y representante es tal vez, el principal mérito de aquella dirección. Fue en este punto donde se reveló el verdadero talante democrático y la indispensable disposición a discutirlo todo con todos. La confianza en sí mismo, en sus propios argumentos, en las evaluaciones serias, el rigor y la evidencia; eso y no las grillas palaciegas, acabaron siendo el factor de convicción dominante en aquel Consejo, de modo tal que todos los partidos y sus intereses, supieron que podían conquistar mayoría basados en razones y pruebas, y no en una complicidad prefabricada.   
Ceñirse a la ley, trabajar con una estructura profesional para colocarla en un nuevo contexto de exigencia y negarse a conformar bloques para dirigir la institución. A mi modo de ver, esas tres tesis fueron la clave de la historia institucional que consolidó al IFE como un órgano confiable, el que necesitaba la vida plural de México. Sin el triunfo de esas sencillas coordenadas, el IFE nunca hubiera sido el ancla democrática que es. En perspectiva histórica y hacia el fututo, creo, conviene no olvidarlas.


*El Correo del Sur agradece a Ricardo Becerra la autorización para dar a conocer estos capítulos del libro en preparación. El autor es Jefe de asesores del Secretario Ejecutivo del IFE.