Investigador acucioso de la realidad latinoamericana, Bernado Kliksberg ha estudiado al detalle el fenómeno de la delincuencia, así como las políticas puestas en marcha para combatirla, en particular aquella que privilegia la acción policial y al que el autor considera como el primer mito que develar. La aplicación de la mano dura no es, como se demuestra en estas páginas seleccionadas, una solución integral y sí, en cambio, abre el camino para una sensible reducción de los márgenes de libertad en que nos movemos.

Mano dura; tolerancia cero
Primer mito. El problema es policial y se resuelve con mano dura. Las políticas predominantes en muchos países de la región han estado guiadas por esta visión básica. Estaríamos frente a un tema de naturaleza fundamentalmente policial. La búsqueda de respuestas debe darse en el marco del afianzamiento de los aparatos de seguridad. La falta de resultados se debería en parte importante a que no se han afinado las estrategias y multiplicado los programas de control policial.
Por otro lado, sería necesario dejar de lado las “sensiblerías” y actuar sin miramientos para frenar a los potenciales y reales delincuentes. Ello puede abarcar desde amplias reorganizaciones de los aparatos policiales, que maximicen su presencia en los lugares públicos y su especial vigilancia de los sectores más pobres de la población hasta incentivos por los resultados cuantitativos de la represión.
Asimismo, incluye reformular la legislación para facilitar la acción policial, suprimiendo garantías, y tener la posibilidad de detener, enjuiciar y encarcelar a los niños desde edades muy tempranas. En algunas de sus expresiones más radicales se ha propuesto incluso hacer responsables penalmente a los padres por los delitos de los hijos.
Tratando de fundamentar su abordaje, la política de mano dura recurre con frecuencia a la teoría de la “ventana rota”. Acuñada en 1982 por Wilson y Kelling, ha sido la base del enfoque de “tolerancia cero”, y sostiene que hay que aplicar con toda dureza la punición contra las infracciones más pequeñas, porque una “rotura de vidrios” podría ser el antecedente de acciones criminales más graves. Castigar severamente las infracciones pequeñas podría impedir que se desarrollaran delitos agudos. La teoría no tuvo nunca validación empírica significativa. Se transformó en hechos en algunas ciudades de países desarrollados, donde se practicó por momentos una guerra contra los sin techo, la mendicidad, infracciones menores, la ebriedad, el ruido y los desvíos de las buenas costumbres.
Como muchas de estas infracciones tienden a concentrarse en poblaciones pobres, éstas fueron las “prevenidas”. Esta teoría se cuestiona mucho en los países desarrollados porque genera enfoques policiales claramente sesgados hacia poblaciones de color, étnicas o inmigrantes. Para Crawford (1998): El concepto de “tolerancia cero” es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible –por no decir intolerable–, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la “tolerancia cero” como estrategias de “intolerancia selectiva”.
Los resultados de la “tolerancia cero” pueden ser mucho más dudosos aún en países como los latinoamericanos. Como señala Fruhling (2000): “A diferencia de Estados Unidos, muchos de quienes se encuentran en la calle en las ciudades latinoamericanas no tienen adónde ir y el número de mendigos, vendedores informales y de personas que cometen contravenciones o faltas de un tipo u otro pueden sumar millares.
Es así como una actividad policial más agresiva puede encontrar seria resistencia y producir además el colapso total del sistema de justicia penal”. Por otra parte, en las realidades latinoamericanas la institución policial tiene imperfecciones muy agudas. Su debilidad en términos de profesionalidad, carrera, sueldos adecuados y entrenamiento, la ha convertido con frecuencia en “policías malditas” con serios problemas de corrupción, cooptación por los grupos de la droga, y hasta en diversas dictaduras como las del Cono Sur en los setenta y parte de los ochenta se convirtió en un apéndice más del sistema brutal de represión instituido.
Confiarle en esas condiciones un mandato totalmente permisivo y crear condiciones para la impunidad puede llevar a serios deterioros en el respeto a los derechos humanos, especialmente de los grupos más débiles de la sociedad.
Entre otras cosas puede conducir, como ha sucedido y está sucediendo, al peligro de que se generen operaciones sistemáticas de “limpieza social”. Un ejemplo estremecedor de ellas es el sistemático exterminio de niños de la calle en Río de Janeiro, Tegucigalpa, Bogotá y otras ciudades, denunciado continuamente por muchos sectores de estos países. Según dichos sectores, tales operaciones son llevadas a cabo por grupos parapoliciales y, ante la pasividad policial, la ideología subyacente es que de esta forma se está “previniendo” que estos niños se transformen en criminales. El mismo tipo de razonamiento –eliminar a las razas inferiores que no merecen vivir y mejorar la calidad demográfica de la población– era el que inspiró a las bandas nazis.
La limpieza social es, en realidad, un eufemismo para ocultar este genocidio hitleriano cotidiano.

¿Por qué fracasa la mano dura?
Probablemente, entre otras causas, por las siguientes razones que surgen de la realidad: 1. Partiendo de la discutida “tolerancia cero”, el enfoque tiende a tratar indistintamente todas las formas de criminalidad sin hacer mayores distinciones en el diseño de políticas, algo que parece inadecuado, porque en la región se ha desarrollado una multiplicidad de formas de delincuencia. Entre ellas, y esquematizando, hallamos dos principales.
Por un lado, está el crimen organizado, que se presenta bajo diversas formas: las bandas de la drogadicción, las mafias, los grupos de secuestros, las organizaciones de tráfico de personas, las que se dedican al robo de automóviles, las organizaciones de lavado de dinero
y otras. La sociedad se defiende de ellas aplicándoles todo el peso de la ley. Tiene que tratar de desarticularlas, impedir su desarrollo y bloquearlo, aislarlas.
Por otro lado, encontramos el crecimiento intenso de una criminalidad joven, que se inicia con actos delictivos menores de niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. Si se les aplica el mismo enfoque que al crimen organizado, todo indica que, además de hacer caso omiso de su posibilidad de recuperación, se están empeorando todas las condiciones que los llevaron a delinquir. El efecto será generar “carne de cañón” para el crimen organizado, ampliar su posibilidad de jóvenes en riesgo a los que reclutar, cerrarles las oportunidades de salir del delito para dejarlo sólo con las alternativas e incentivos que ofrecen las bandas criminales.
La homogenización de la respuesta a los diversos tipos de criminalidad resulta, además de ajena a la ética, marcadamente ineficiente. 2. El enfoque de mano dura consigue indudablemente hacer subir el número de presos jóvenes en las cárceles. Ello crea un grave problema de hacinamiento carcelario que va a tener todo tipo de repercusiones posteriores, pero no resuelve el problema.
Se ha comprobado que no hay correlaciones estadísticas robustas entre el aumento de los índices de encarcelamiento y la reducción en el mediano y largo plazo de los índices de criminalidad.
3. La idea misma de tolerancia cero surgió en sociedades que tienen un limitado número de infractores potenciales posibles. Es aplicar a las “conductas desviadas” la máxima vigilancia en poblaciones donde el número de personas que por sus privaciones básicas podrían ser candidatas a algunas de esas infracciones es reducido. La población por debajo de la línea de la pobreza no llega, por ejemplo en EE UU, al 13% de la población.
Muy diferente es la situación latinoamericana, donde la pobreza comprende al 40% de la población en promedio, y al 60% en muchos países como los antes mencionados el Salvador, Honduras, y Guatemala.
En esas condiciones, la propuesta de tolerancia cero no supone controlar mediante su aplicación a una minoría, sino aplicar “guantes de hierro” a la gran mayoría de la población.
Es una propuesta que va a generar por naturaleza tensiones sociales críticas y a resentir fuertemente todas las dimensiones de cohesión social.
4. La mano dura tiene un riesgo gravísimo, terminar como “criminalización de la pobreza”. Empezar a considerar “sospechosos” a todos aquellos que presenten rasgos de pobreza o que pertenezcan a minorías étnicas, o raciales, que se hallan postergadas o excluidas en la sociedad. Es penalizar a las víctimas de sistemas económico-sociales que no crean oportunidades reales para todos.
En lugar de poner todo el énfasis en cómo incluirlos se convierten, como destaca Castel (1997), en “estrategias de gobernabilidad para contener y segregar a aquellos que sobran”. En una típica situación representativa de muchas otras similares un líder indígena argentino denunciaba que en su provincia hay un delito que no está legislado, lo llamaba “la portación de cara”, ser detenido por la policía por tener cara de indígena.
Criminalizar la pobreza no resuelve problema alguno, por el contrario, agrava los existentes. Genera sociedades de agudísima tensión interna y actúa como un multiplicador de pobreza. Como describe Vacquant (2000): “el encarcelamiento, además de afectar prioritariamente a las capas más desprovistas: desocupados, precarios, extranjeros, es en sí mismo una tremenda máquina de pauperización. Al respecto es útil recordar sin descanso las condiciones y los efectos deletereos de la detención no sólo sobre los reclusos sino también sobre sus familias y sus barrios”.
La mano dura no genera soluciones, porque entre otras tiene todas estas fallas estructurales. ¿Quién se beneficia entonces con ella y por qué su vigencia? En las realidades de la región se ha mostrado con frecuencia como un gran instrumento electoral. Da a las legítimas ansiedades de amplios sectores de la población una respuesta imaginaria, que no las contestará en los hechos, pero simplifica la realidad y ofrece algún confort. Es una forma eficaz de demagogia. Por otro lado, posterga el enfrentamiento a los problemas de fondo que requieren un abordaje estructural y profundo. El informe USAID sobre Centroamérica (2006) capta con claridad esa situación. Concluye “muchos analistas sugieren que el enfoque duro adoptado por el Gobierno está motivado políticamente. Es más fácil golpear a los integrantes de las maras que encarar los problemas sociales más complicados que se hallan detrás de su existencia, como la desigualad en los ingresos y la pobreza”.
(La versión íntegra del documento puede consultarse en:http://www.nuso.org/upload/seguridad/Kliksberg.pdf) 

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