Inicia 2010 con las incesantes tendencias insustentables de las grandes fuerzas conductoras del cambio global: la dinámica demográfica, el consumo, la producción, la tecnología, el crecimiento económico, la urbanización y la globalización. El crecimiento vertiginoso de la población humana mundial continúa, acompañado por el desarrollo insustentable de los mercados internacionales y por políticas macroeconómicas que incrementan la riqueza tan rápido como la desigualdad e incentivan la degradación y pérdida de ecosistemas.
El crecimiento de la población, particularmente de la revolución industrial a la fecha, ha ido acompañado de un cada vez mayor flujo de energía y de materiales, global y promedio per cápita. La presión de los sistemas humanos sobre las capacidades de carga de la biosfera se incrementa, pues se extraen materiales más allá de sus capacidades de renovación y se vierten en ella desechos más allá de sus capacidades de digestión. El avance de la degradación de tierras y aguas, la pérdida de biodiversidad y recursos biológicos, así como el calentamiento global antropogénico, constituyen los rasgos dominantes de una crisis ambiental global que acompaña la amplia brecha entre los pocos ricos y muchos pobres de la Tierra.
La décimo quinta Conferencia de las Partes (COP-15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en Copenhague, no logró los compromisos vinculantes esperados, sino solamente una “declaración política” –que no incluye medios de implementación– dominada por presiones bilaterales de los Estados Unidos. Lo central de esta declaración consiste en evitar que la temperatura promedio global ascienda más de 2 centígrados en el curso del siglo, pero emergió de una mesa de negociaciones en la que participaron solamente un puñado de países, quienes posteriormente la presentaron a la COP en su conjunto. En estas condiciones no era posible que todas las Partes adoptaran la propuesta, por lo que el acuerdo de la COP-15 consistió en tomar nota para que los países que así lo deseen la adopten y, a más tardar el 31 de enero 2010, indiquen los compromisos a los que están dispuestos con objeto de integrar un anexo a la declaración.
En relación con los bosques, Copenhague avanza un paso al dejar en claro que el combate al cambio climático no se limita a la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD), sino que asimismo deberá considerarse la reforestación. Esto es de gran importancia, porque la mitad de la cobertura vegetal original, primaria, del planeta, ha sido destruida o degradada. Considerar la reforestación, entre los medios de implementación para la reducción de emisiones, incrementará el interés de países que han sido ampliamente deforestados y cuya participación en REDD sería limitada o nula (China, India, Indonesia, Sudáfrica, México).
En este contexto, China convocó a una reunión de los denominados “países básicos” (India, China, Brasil y Sudáfrica) para discutir cómo implementar la “Declaración de Copenhague”. Es decir, pronto sabremos en qué medida esta declaración política constituirá, o no, una plataforma suficiente para definir los compromisos del segundo periodo de cumplimiento de la CMNUCC.
El verdadero problema del combate al cambio climático antropogénico ha sido que los Estados Unidos de América no asumieron sus responsabilidades durante más de una década. Entre tanto algunos países en desarrollo se posicionaron entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo. El Senado de los Estados Unidos condiciona la magnitud de sus esfuerzos de reducción de GEI a que los países en desarrollo, que son emisores mayores, establezcan compromisos de mitigación y acepten mecanismos multilaterales de verificación.
Un acuerdo de la COP-15 muy importante para México es que éste será la sede de la COP-16, en noviembre 2010. Lo anterior implica que este año de celebraciones, del centenario de la revolución y del bicentenario de la independencia, concluirá con una reunión internacional que deberá resolver lo que no resolvió Copenhague. Cosa nada fácil, ya que se trata de: acordar un límite a las concentraciones de GEI en la atmósfera hacia 2050 (el límite deseable es de 450 partes por millón y 2.8 toneladas de GEI per cápita); que la curva de crecimiento de las emisiones globales alcance su máximo y punto de inflexión a más tardar en 2020, para entonces iniciar su disminución definitiva; incorporar la deforestación evitada y la reforestación entre los esfuerzos de reducción; establecer mecanismos eficaces de ayuda financiera y transferencia de tecnologías bajas o neutras en carbono; establecer reglas claras para el monitoreo, la verificación y el reporte de reducción de emisiones; y –de gran importancia para México y el mundo en desarrollo– posicionar los esfuerzos de adaptación al mismo nivel de prioridad que los esfuerzos de mitigación.
La cuenta regresiva ha comenzado, sólo faltan diez meses y medio para que la COP-16 tenga lugar en México. Sin embargo, hasta la fecha ni el presidente de la República ni ninguna otra autoridad del gobierno federal han hecho anuncio oficial alguno al respecto. No se sabe todavía quién y cómo encabezará el proceso, cuál será la estrategia de negociación, qué iniciativas multilaterales y regionales deberá promover México. Se requieren un plan “A”, un plan “B”, y hasta un plan “C”, a fin de que México logre una intervención a la altura de las circunstancias de la COP-16. ¿Quién los formulará? ¿Qué papel deberá jugar la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático? ¿Qué papel deberán jugar el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, y las academias científicas?
El escenario tendencial indica que las siete grandes fuerzas conductoras del cambio global conducirán a mayor deterioro y pérdida de ecosistemas, a más emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y a mayor agotamiento de las capacidades de renovación de los recursos naturales renovables, particularmente los recursos biológicos. La coyuntura actual obliga a establecer nuevas reglas económicas y financieras internacionales en las que reaparezca la función del Estado como regulador de la economía y promotor de la sustentabilidad. Las decisiones que la comunidad internacional adopte en la COP-16 serán las más importantes para definir el futuro de la humanidad más allá de las próximas décadas. La moneda está en el aire. Una parte importante de los resultados dependerá de la capacidad de liderazgo de México. Líderes hay, la cuestión es: ¿serán incorporados al proceso?