En términos de sustentabilidad ambiental del desarrollo, el balance de 2009 es malo y las perspectivas para 2010 también. El mundo no pudo lograr un acuerdo fuerte en Copenhague para combatir el cambio climático. Poderosos intereses económicos y financieros se oponen a pagar los costos ambientales de sus operaciones. Todo el mundo transfiere la deuda al futuro, mientras los servicios ambientales de los ecosistemas no tienen precio en los mercados excepto, por ahora, los mercados de carbono, en la incierta ruta de Copenhague a México.
Para contribuir a orientar esta ruta, en su más reciente reunión pública el miércoles 9 de diciembre en la ciudad de México, el Centro interdisciplinario de biodiversidad y ambiente (Ceiba), presentó el libro del doctor Edgar González Gaudiano, buen amigo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (Iinso) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL): Tendencias y oportunidades de la sustentabilidad en México. Esta publicación constituye una excelente lectura para los interesados en el tema, pues contiene ocho entrevistas a relevantes líderes de opinión en asuntos ambientales y del desarrollo sustentable, a algunos de los cuales tocó liderar el proceso de construcción de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, todavía con la “p” de pesca), durante el periodo 1995-2000.
Salvo algunos notables contrapuntos, buena parte de los entrevistados coincide en que actualmente se observa un agotamiento de los instrumentos disponibles para la gestión ambiental, acompañado de un reflujo de la participación social y una reducción de los espacios de reflexión sobre la sustentabilidad y el desarrollo mismo, todo ello en un contexto de relativo debilitamiento institucional y escasa o nula integración de criterios de sustentabilidad en las políticas públicas.
A propósito de la relativa indefinición del concepto de desarrollo sustentable, Enrique Provencio (primero subsecretario de Planeación y luego presidente del Instituto Nacional de Ecología durante Semarnap) aclara que ello no resta ni potencia ni pertinencia al tema de la sustentabilidad. En realidad, esta indefinición conceptual de la sustentabilidad mantiene sus raíces en otra indefinición, sobre el desarrollo a secas versus crecimiento económico. ¿Qué es el desarrollo más allá del crecimiento económico? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo medir los avances de las políticas públicas en relación con la sustentabilidad? Porque el fenomenal esfuerzo del INEGI para estimar, año con año desde hace más de quince, el Producto Interno Neto Ecológico (PINE), nadie lo usa para tomar decisiones en la formulación de políticas públicas. El PINE es un indicador macro de los costos por degradación ambiental y gasto de recursos naturales (como el petróleo), pero no un indicador que permita saber a ciencia cierta cómo vamos en términos de desarrollo sustentable. Se requieren –concluye– instrumentos y formas de gobierno que trasciendan la asignación ministerial (como un jefe de gabinete, por ejemplo), que induzcan un replanteamiento de la gestión del territorio (actualmente inexistente) y que vinculen la participación social más allá de su rol consultivo con la justicia ambiental, la defensa en tribunales y la reparación del daño.
Se reconoce que el desarrollo sustentable contiene tres componentes básicas: la económica, la social y la ambiental. La sustentabilidad, o “sostenibilidad” (como se traduce en la Organización de las Naciones Unidas, ONU), implica que el capital económico, el capital social y el capital natural que las generaciones actuales heredan a las futuras generaciones no sea menor al disponible actualmente. Esto equivale al concepto de “sustentabilidad débil”, señala Juan Carlos Belausteguigoitia –quien también fuera subsecretario de Planeación de la Semarnap– pues permite la sustitución de capital natural por capital económico o social. Hace falta aplicar el concepto de “sustentabilidad fuerte”, es decir, que el capital natural no pueda sustituirse por otros capitales de generación a generación, y que deba evitarse a toda costa rebasar los umbrales de sustentabilidad del capital natural, a fin de asegurarlo a las generaciones futuras. Se requiere pues toda una nueva generación de instrumentos y muy especialmente –concluye– desarrollar la capacidad de construir consensos sociales (una de las principales barreras en México).
Por ello, señala certeramente Antonio Azuela –titular de la Profepa durante la Semarnap–, lo que se juega en el fondo es una nueva visión del mundo, para la cual es necesario construir un lenguaje común que apenas empezamos a balbucear a través de la transversalidad (o integración de criterios ambientales en las políticas públicas sectoriales). Porque actualmente, algún funcionario de la Semarnat puede sentirse satisfecho de sus reuniones y acuerdos con representantes de otras secretarías en cuestiones de transversalidad, pero no se ve que eso se traduzca en un cambio de las prácticas dominantes. En este momento –añade– la orquesta podría sonar mucho mejor con los instrumentos disponibles si los músicos fueran de a de veras.
Adrián Fernández –ex director general de calidad del aire durante la Semarnap y actual presidente del Instituto Nacional de Ecología– abunda en el problema de que los indicadores disponibles señalan que no vamos en la dirección de un desarrollo sustentable, sino al contrario, a pesar de las muchas oportunidades que se presentan para establecer alianzas con el sector privado y el sector social. Además –añade–, algunas inercias del mismo sector ambiental impiden sinergias y mantienen dispersos esfuerzos que podrían, y deberían, ser convergentes. Por ejemplo, el área de la Semarnat que produce las estadísticas de indicadores ambientales oficiales se encuentra desvinculada del área que realiza la planeación y evaluación de desempeño.
José Luis Samaniego –ex coordinador de asuntos internacionales de la Semarnap– llama la atención sobre la gradualidad de la mejora institucional y la indispensable mutación del concepto de modernidad y de progreso. Señala que las políticas ambientales pueden hacer aliados importantes de gremios tradicionales como los ingenieros, siempre y cuando se diseñen los incentivos necesarios; y propone una interesante reflexión ante la inexistencia de profesión ninguna encargada del “progreso” –ergo la urgencia de que el gobierno se haga cargo en serio de la planeación del desarrollo.
Julia Carabias –quien fuera titular y constructora de la Semarnap– reconoce un renovado interés de la Presidencia de la República sobre el tema ambiental, no obstante que los programas de atención a la pobreza se mantengan desvinculados del fortalecimiento de la capacidad productiva y el tema ambiental se encuentre ausente de las políticas sociales. Julia observa oportunidades para compatibilizar los negocios con el desarrollo sustentable, pero dada la dispersión de esfuerzos y la falta de congruencia ambiental entre las diversas secretarías, las cuales tienen que empujar la agenda de la sustentabilidad es el propio Presidente. Esto es particularmente claro en el caso del Programa Especial de Cambio Climático (PECC), instrumento con potencial para articular políticas nacionales y aprovechar oportunidades internacionales, pero que sin el empuje del presidente no avanzará. Hace falta –resume al final– aclarar dónde estamos (definir la línea base) y para dónde vamos (construir los escenarios deseables y opcionales al tendencial), para lo cual hace falta liderazgo, en cada institución, que haga posible el ordenamiento del territorio y el desarrollo de una nueva cultura de la sustentabilidad.
Mientras, los costos a pagar por los impactos adversos previsibles de la crisis ambiental global y el cambio climático se acrecientan cada día que pasa sin que se inicien acciones de mitigación y de adaptación a fondo. Lejos de la prosperidad estratégica, parece que 2010 será un año más que se sume a los costos de la inacción; a menos que México logre lo que no logró Copenhague...
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