Con la peregrinación de Al Gore, la publicación del Cuarto Reporte de Evaluación de Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, órgano científico asesor de la CMNUCC), y la publicación del Informe Stern sobre los costos globales del calentamiento global, a partir de 2007 la opinión pública mundial superó la duda sobre si el cambio climático en curso es o no antropogénico. Hoy día todos los tomadores de decisiones en el mundo lo saben a ciencia cierta.
Una buena parte de los científicos del mundo trabajan en profundizar conocimientos sobre los mecanismos de regulación climática del planeta, y no sólo confirman la información ya oficialmente aceptada sino aclaran que muchas previsiones se han quedado cortas. Es el caso de la velocidad de fundido de grandes glaciares terrestres, que acelerará el ascenso del nivel medio del mar, o la cantidad de carbono almacenado en el permafrost de las regiones de tundra bajo forma de metano, que escapará a la atmósfera e incrementará su efecto invernadero. El cambio climático es sólo uno –el más visible– de los grandes problemas ambientales globales (ver Glocalfilia del 29 de septiembre) que amenazan el desarrollo y el bienestar humanos. Sin embargo las decisiones políticas y económicas que se adoptan son claramente insuficientes para revertir el proceso o, al menos, mantenerlo bajo control. Además, muchas de las más importantes políticas públicas mantienen una orientación exactamente en sentido contrario e incentivan la degradación ambiental.
Se trata de grandes verdades incómodas para los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas, más incómodas en épocas de crisis económica global. Por eso la ruta de las negociaciones hacia la décima quinta Conferencia de las Partes (COP), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se encuentra tan empedrada y llena de baches. Pero también porque algunas de las medidas adoptadas por las COP no han sido suficientemente realistas, no han obtenido los resultados esperados y han generado falta de credibilidad. Esta situación ha creado una preocupación generalizada por apurar la adopción de las reglas para el segundo periodo de cumplimiento.
Pero la experiencia del Protocolo de Kyoto (PK, primer periodo de cumplimiento de la CMNUCC) enseña que adoptar reglas a toda prisa (cuando un periodo de negociaciones se nos viene encima), lejos de ayudar a fortalecer acuerdos contribuye a su debilidad y a la falta de cumplimiento. En este estado de cosas, mientras solamente los países de la Unión Europea y de manera limitada el Japón han honorado el compromiso de limitar sus emisiones nacionales anuales, otros países industrializados (los Estados Unidos, Canadá y Australia) lo han hecho parcialmente o, simplemente, no lo han hecho.
Con las negociaciones en curso, hacia las nuevas reglas para el segundo periodo de cumplimiento de la Convención, se encuentra abierta una coyuntura en la que sería posible lograr incorporar a más países a desplegar esfuerzos de reducción de emisiones. Hoy día la mitad de las emisiones globales proviene de los países en desarrollo –que no tienen compromisos de limitar sus emisiones–, por lo que está muy claro que se requiere de un esfuerzo de todos los mayores emisores del mundo para obtener resultados positivos (no solamente de los industrializados).
En 2005 (WRI: http://cait.wri.org/) los 25 mayores emisores del mundo contribuyeron con el 87 por ciento de las 37 mil millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (GtCO2e) que se emitieron ese año. Entre ellos, China y Estados Unidos contribuyeron con poco más de 7GtCO2e; la Unión Europea (de 27), con poco más de 5GtCO2e; la Federación Rusa, India, Japón y Alemania, con entre 1 y 2GtCO2e por año; otros ocho países (entre ellos México que ocupa la posición número 12 como emisor en el mundo), contribuyeron con entre 0.5 y 1GtCO2e; y otros cuatro o cinco países rozaron el medio millón de toneladas anuales. Los casos de Indonesia y Brasil son especiales porque son los mayores emisores por deforestación en el mundo; el primero contribuye con poco más 3GtCO2e por año, de las cuales más del 80 por ciento corresponde a deforestación; el segundo contribuye con 2.5GtCO2e, de las cuales 56 por ciento son asimismo por pérdida de cobertura vegetal.
Por consiguiente, no obstante la CMNUCC sea el marco apropiado para la adopción de las reglas y medidas post 2012 de combate al cambio climático, ahora resulta claro que otros grupos multilaterales pueden, y deben, jugar un papel constructivo asumiendo sus responsabilidades comunes y diferenciadas de acuerdo con su contribución actual e histórica al problema del calentamiento global. Es el caso del Foro sobre Energía y Clima de las 17 economías mayores emisoras del mundo (MEF, por sus siglas en inglés, originalmente convocado por los Estados Unidos: http://usmayors.org/).
Las 17 economías del MEF contribuyen con casi el 80 por ciento de las emisiones anuales actuales. Si estas 17 economías (México entre ellas) logran ponerse de acuerdo para adoptar metas realistas de reducción de emisiones, así como adecuadas medidas financieras y tecnológicas de apoyo recíproco, sería posible lograr en la COP15, de diciembre 2009 en Copenhague, un acuerdo preliminar que consolide las bases para el segundo periodo de cumplimiento.
Existe consenso científico acerca de que el cambio climático va más rápido de lo estimado por el IPCC, que la magnitud del esfuerzo global necesario de reducción de emisiones debe ser mucho mayor para frenar efectivamente el crecimiento de las emisiones globales, y que el incremento de la temperatura media superficial global en el curso del siglo podría limitarse (si hay voluntad política) a sólo 2 o 3 centígrados. Existe asimismo consenso entre los economistas acerca de que los costos de controlar las emisiones hoy día son mucho menores que los costos de adaptación en el futuro (en caso de no reducir actualmente las emisiones globales).
¿Qué hace falta, entonces, para un buen acuerdo en Copenhague? Sentido común, entender que forzar demasiado los acuerdos los debilita e inviabiliza, asumir que ningún país podrá escapar a pagar los costos de la mitigación del cambio climático (que serán mayores entre más tiempo tarde la comunidad internacional en reaccionar). Pero de muy especial importancia será, que los alrededor de 20 países que contribuyen con casi el 80 por ciento de las emisiones globales actuales asuman sus responsabilidades internacionales.
México ha solicitado formalmente a las Naciones Unidas ser la sede para la COP16 en diciembre 2010. Si fuera el caso (que muy altas posibilidades existen para ello), México cerraría su año de celebraciones por el Bicentenario con una magna reunión internacional, en la que continuarán en juego los destinos del mundo. Con base en lo que se logre en Copenhague a México corresponderá, en su caso, consolidar acuerdos y allanar el camino para que los mayores emisores del mundo asuman de una vez por todas sus responsabilidades globales…