Luego de una participación de 34 millones 126 mil 794 electores (44.7 por ciento del padrón electoral), y casi todas las 139 mil 959 actas de casilla capturadas y contabilizadas, la sexagésima primera (61) legislatura de la República se instaló el pasado 1º de septiembre. A esta legislatura toca vivir una coyuntura definitoria en la evolución de la institucionalidad política de México. No solamente porque la coyuntura mexicana obligue a realizar ajustes estructurales, jurídicos y políticos de fondo –como ha propuesto, en diez puntos de agenda republicana, el Presidente de la República– para resolver la crisis económica y financiera, sino porque esta crisis llega en un momento histórico en el que ya no es posible eludir la responsabilidad pública sobre el valor del capital natural como uno de los pilares materiales insustituibles de la economía y del bienestar humano.
Las fallas de mercado y las fallas de gobierno que todos los días y en todo el mundo contribuyen a la degradación y pérdida del capital natural hallan, hoy día, su más clara expresión con el cambio climático antropogénico. Los costos que toda la humanidad tendrá que pagar para adaptarse a los impactos adversos del calentamiento global –que es sólo la punta del iceberg de la crisis ambiental planetaria causada por Homo sapiens–, son mayores cada día que pasa sin que seamos capaces de dar el golpe de timón definitivo hacia un destino sustentable. Esto es lo que está en juego en el camino hacia la décimo quinta Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará en diciembre próximo en Copenhague.
Se necesita de audacia y más audacia (Gustavo Gordillo dixit, Correo del Sur del 1º de febrero 2009), porque la combinación simultánea de una crisis del sistema y de una crisis del pensamiento civilizatorio obliga a buscar soluciones inéditas.
Así, a nuestros legisladores –nos gusten o no– toca la responsabilidad de asumir que urge a México un ajuste estructural, político y jurídico, que no se agota en la aplicación de recetas económicas y políticas tradicionales y requiere desarrollar una capacidad constructiva como nunca antes. Se trata de iniciar una reforma civilizatoria, para la cual es indispensable una apropiada reforma de Estado. Si no somos capaces de colocar a nuestro país, en el curso de estos tres años, en la trayectoria correcta para erradicar la pobreza y garantizar la seguridad futura de los mexicanos, los costos sociales que tendremos que pagar serán mayores en un mundo que crecerá tres mil millones más de habitantes entre nuestros días y mediados de siglo, y que estará marcado por una creciente escasez de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas (como agua limpia, alimentos, materias primas renovables y otros servicios de regulación para el “metabolismo” de la economía humana).
¿Cómo quedan distribuidas las responsabilidades en la Cámara de diputados luego de estas elecciones intermedias? El PRI obtuvo la mayoría relativa con el 36.7 por ciento de los votos. El PAN perdió poco más de 5 millones y medio de los votos que había logrado en las elecciones del 2006 y, con nueve millones y medio, logra el 28 por ciento. El PRD resultó el gran perdedor al pasar de casi 15 millones a sólo 4 millones y fracción, con lo que obtiene el 12.2 por ciento de la votación. El PVEM se consolidó como la cuarta fuerza electoral con el 6.5 por ciento de los votos. El PT y Convergencia obtuvieron 3.6 y 2.4 por ciento, respectivamente, y el Panal 3.4. El PSD, con el 1 por ciento de las preferencias electorales, no logró el registro; mientras que los votos nulos, 5.4 por ciento, superaron lo logrado por cualquiera de los partidos pequeños.
Esta legislatura cuenta con diputados interesados en las cuestiones ambientales. La responsabilidad de los diputados —y los senadores— consiste en posicionar el tema en su justa dimensión al lado de los otros grandes temas nacionales prioritarios. Se trata de fortalecer el marco legislativo ambiental más allá de las leyes específicamente ambientales, es decir, adecuar las principales leyes económicas y de fomento productivo mediante la integración de criterios ambientales en su formulación. Se trata de evitar que continúen existiendo políticas públicas que incentiven o propicien la degradación ambiental y la pérdida de capital natural (ver Glocalfilia del 2 de junio sobre los dos tipos de políticas públicas). Se trata de adecuar el sistema nacional de planeación, de fortalecer las capacidades de ordenamiento territorial y de abandonar la errónea suposición de que la mejor política industrial es la ausencia de política industrial.
El Programa Especial Cambio Climático 2009-2012 contiene metas relacionadas con lo anterior para que México sea capaz de adaptarse al calentamiento global e inicie el proceso de descarbonización de su economía. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio identifica las aptitudes económicas de las diversas regiones del país e indica las opciones de desarrollo más apropiadas. El estudio sobre el Capital Natural de México constituye la línea base de la situación actual de degradación de los ecosistemas y pérdida de capacidades para ofrecer servicios ambientales a la economía.
El Presidente de la República ha convocado a una reforma de fondo. Los líderes de la diputación y del senado han manifestado su disposición para avanzar en tal sentido. Ahora deberán realizar un esfuerzo en serio para comprender los problemas ambientales claves: pérdida de capital natural, contaminación a gran escala y cambio climático. Ello implica que los legisladores deberán ponerse a estudiar para ser capaces de evaluar los programas ambientales, comprender la magnitud del desafío, y legislar en consecuencia. El reto consiste en anteponer el interés público de la nación por encima de los intereses privados o partidistas, y colocar a México en la trayectoria correcta hacia el futuro.
¿Serán capaces?