Sin duda alguna, el principal problema del mundo es la pobreza y el hambre. Ahora la crisis ambiental global en curso anuncia serias complicaciones para poder vencer a este jinete del Apocalipsis. En este orden de cosas el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, www.un.org/millenniumgoals) plantea reducir 50 por ciento, entre 1990 y 2015, la pobreza extrema en el mundo. Mientras que entre 1990 y 2005 la población global creció de 5 mil millones a 6 mil 400 millones de habitantes en el planeta, la población en pobreza extrema se redujo de 1.8 mil millones en 1990 a 1.4 mil millones en 2005. Se había logrado un 32 por ciento y parecía podría lograrse el restante 18 por ciento para 2015.
No obstante, durante los años recientes se observó un estancamiento en la reducción de la pobreza global, que se agravó con la crisis financiera y económica de 2008. Después de más de un año de inestabilidad en los precios de los alimentos, la energía y otros productos básicos, sólo durante 2009 –reporta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo– otros 55 a 90 millones más de seres humanos se sumarán a los que ya sufren hambre en el mundo. No parece claro entonces, que el primer ODM –reducir a la mitad la extrema pobreza en el mundo en 2015– podrá efectivamente cumplirse. Sobre todo porque la crisis ambiental global conduce a una escasez creciente de algunos bienes terrenales básicos –agua, alimentos, fuego–, escasez que el cambio climático no hará sino intensificar. Cualquiera con mínimo sentido común entiende que esto, aunado al esperado crecimiento de la población global que pasará de 6.9 miles de millones de almas en 2009 a alrededor de 9.3 en 2050, provocará progresivamente crisis de abasto, hambrunas, y migraciones por factores ambientales que propiciarán problemas de gobernabilidad regional y global.
De septiembre 2008 a la fecha, la búsqueda internacional de alternativas ante la crisis económica en curso ha marcado el debate multilateral sobre la mitigación de la pobreza, la crisis ambiental global y el cambio climático. Pero esta búsqueda no parece haber encontrado todavía espacios definitorios de gran alcance en el debate nacional. ¿Cómo debiera México ajustar su economía para reducir los daños de la crisis y salir fortalecido hacia el futuro? ¿Qué opciones de desarrollo son viables y cuáles convienen más al interés nacional? ¿Cuáles debieran ser los ajustes claves a nuestras estructuras económica y jurídica en el corto, mediano y largo plazos?
Nos encontramos en una coyuntura global en la que se encuentran bajo revisión una serie de supuestos fundamentales de los patrones dominantes de consumo, producción y financiamiento del desarrollo. Por un lado para superar una crisis económica que puso en entredicho las reglas que limitan la intervención del Estado en los mercados; por otro lado para superar una crisis ambiental generalizada en la capacidad de renovación de los recursos hídricos, las tierras y otros recursos biológicos, así como en la capacidad de regulación de la atmósfera. A escala global la más clara manifestación es una creciente vulnerabilidad de los sistemas humanos ante impactos (directos o indirectos) de fenómenos naturales.
En México, el INEGI informó recientemente que la pobreza ha alcanzado prácticamente a la mitad de la población mexicana, y que la pobreza extrema alcanza alrededor de un 20 por ciento de la misma. Mientras tanto, nuestro petróleo (recurso natural no renovable) se extingue paso a paso y no podrá mantenerse más tiempo como el soporte principal de nuestro crecimiento económico; el capital natural de México se degrada año con año en una proporción de al menos 10 por ciento del valor del Producto Interno Bruto (ver las estimaciones del INEGI en Glocalfilia del 11 de agosto); y, en general, las características del territorio nacional y su ubicación en el planeta lo hace particularmente vulnerable a los impactos adversos del calentamiento global. Es urgente pues debatir abiertamente los principales problemas del país, y escuchar las voces que señalan opciones alternativas viables de desarrollo.
La inteligencia del país tiene mucho que decir, particularmente las universidades y los centros de investigación, además de especialistas de organizaciones civiles y del sector privado. Es imperativo ventilar pública y abiertamente los grandes problemas nacionales de tal modo que queden claramente definidos cuáles son y hacia dónde apuntan las principales soluciones, independientemente del partido político al que se pertenezca o con el que se simpatice. Los grandes problemas nacionales son los mismos para todos y, hoy día, muchos son también globales y requieren por consiguiente soluciones pactadas multilateralmente.
Haría falta una amplia convocatoria nacional para abordar apropiadamente este debate, y lograr que el Poder Legislativo elabore su agenda de acuerdo con estas grandes prioridades. La UNAM, en complicidad con otras muchas universidades, centros de investigación del país, y algunas organizaciones sociales, podría convocar a un gran ejercicio de inteligencia sobre escenarios a futuro, visión estratégica industrial y opciones deseables de desarrollo nacional. Se trata de propiciar y orientar un ajuste del sistema nacional de planeación adecuado para superar los problemas claves de la primera parte del siglo XXI.
En materia de sustentabilidad ambiental de ahora en adelante habrá que tener presente (al menos) que: 1. la protección y preservación del capital natural de México es un problema de opciones de ocupación y uso del territorio ordenados bajo criterios de vocación ecológica, aptitud regional para los diversos sectores de actividad económica, y uso sustentable de recursos renovables; 2. la mitigación del cambio climático es un problema de opciones de desarrollo industrial bajo en carbono, en tanto que la adaptación ante sus impactos adversos es un problema de planeación espacial de la economía; y 3. las opciones de desarrollo humano deben adoptar como guía fundamental la primacía del interés público sobre el interés privado.