Bombardeo aparte de las campañas políticas mediáticas que sufrimos todos los días, ¿cuántos electores invertimos tiempo en revisar las plataformas electorales, esas que por ley los partidos políticos deben presentar al registrar a sus candidatos? Ocho partidos, ocho plataformas; asimétricas en su presentación, extensión y contenidos. Sin pretender un resumen en este breve espacio, vale la pena pasar revista a las características generales de cada una de ellas y su relación con asuntos de sustentabilidad ambiental del desarrollo.
En sus 68 páginas formato diapositiva y sin mucho rollo, la plataforma del PAN toca los temas sustantivos de política pública de manera directa y fácil de leer. Reconoce necesario el manejo integral del agua por cuenca hidrológica, obligatorio el tratamiento de aguas residuales, indispensable facilitar las inversiones en la materia, y urgente promover el reciclaje de residuos. Propone que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sea la única en determinar precios y tarifas de los energéticos, un esquema de subsidios diferenciales al uso de energía en función del ingreso familiar, mayor uso de fuentes alternativas de energía, inversión complementaria en refinación para limitar la importación de gasolinas, y mejor calidad de combustibles. Sin aludir explícitamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza (CLF), compromete un “combate frontal a monopolios y en el caso de servicios concesionados por el Estado una mayor presencia de nuevos operadores”. En materia de acción climática propone respaldar las políticas del ejecutivo federal (se entiende que se refiere al Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012; ver Glocalfilias del 23 de marzo y del 9 de junio), promover el acceso a mercados de carbono y fomentar la reforestación. En política exterior propone la actualización del marco legal conforme a los compromisos internacionales de México.
El PRI presenta, en 132 páginas tamaño carta, el más completo de los textos desde el punto de vista de la temática abordada, el análisis de antecedentes y las propuestas instrumentales. Propone el desarrollo de políticas fiscales para que los que contaminan más paguen más; no aplicar precios a energéticos con fines recaudatorios; y una reforma fiscal que permita sustituir los ingresos petroleros coyunturales por ingresos tributarios permanentes en el largo plazo. Propone mitigar el cambio climático mediante el uso de combustibles más limpios y de energías renovables, un mejor manejo de los ecosistemas forestales, un uso sustentable del suelo y del agua, la modernización tecnológica de las empresas que generan el mayor volumen de gases de efecto invernadero (GEI), la integración de la producción y distribución de electricidad con el sector petrolero, y la ampliación del sistema de certificación de productores agropecuarios y forestales para el pago por servicios ambientales y del acceso a mercados de carbono. Propone construir infraestructura de defensa ante los impactos adversos del calentamiento global con base en fondos internacionales y mediante su inclusión en el programa nacional de infraestructura. En materia de investigación y desarrollo propone destinar a ello al menos el 1 por ciento del PIB. Finalmente, propone aprovechar en beneficio de nuestro desarrollo industrial la coyuntura que brinda la crisis financiera internacional y la desestabilización de las economías desarrolladas.
En 50 páginas el PRD abunda en planteamientos de posición, como que el derecho a la alimentación y al agua potable debe ser constitucional y garantizado por el Estado, que el Estado debe destinar 5 por ciento del PIB a la salud, que debe redefinirse el papel del Estado y del mercado o, incluso, que debe haber una planificación integral del sector energético (hidrocarburos, electricidad, nuclear, fuentes renovables), pero no propone medios de implementación. Para lograr un desarrollo sustentable propone fomentar a las pequeñas y medianas empresas que produzcan con eficiencia ambiental, reconstruir cadenas productivas públicas y privadas para rearticular la estructura industrial y disminuir dependencias de insumos intermedios, fortalecer el sector estatal estratégico, e impulsar las ramas industriales prioritarias productoras de tecnologías. Señala que México está obligado a contribuir con propuestas específicas y acciones efectivas a la lucha de la comunidad internacional “contra los devastadores efectos del calentamiento global asumiendo sus responsabilidades”, lo que tiene que ver con reducir emisiones pero, contradictoriamente, también propone que los precios del diesel, el gas natural y las gasolinas disminuyan en un 10 por ciento. Remata con un apoyo al cumplimiento del Convenio sobre Biodiversidad.
El texto del PVEM es el más extenso, 200 páginas, con más rollo que propuestas. Incluye su declaración de principios, el primero de los cuales es: ¡el amor! Sí, aunque luego proponga la pena de muerte. En el capítulo de medio ambiente señala como el gran reto del partido la “incorporación de la variable de sustentabilidad en cada una de las políticas sectoriales”, sin embargo, ello no se cumple en general, por ejemplo en el capítulo de seguridad no hace ni una sola mención al problema estratégico que representan los impactos adversos previsibles de la crisis ambiental global para la integridad de las personas y sus bienes. Pocos de sus planteamientos resultan interesantes, algunos equivocados y otros de plano disparatados –como el de integrar la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) a la estructura del Instituto Nacional de Ecología (INE); o que “los residuos nucleares tardan millones de años en desactivarse” (¡!¿?). Propone aplicar el 1 por ciento del PIB para atender los problemas del calentamiento global; crear una Gran Comisión de Cambio Climático integrada por la Comisión Intersecretarial, las dos Cámaras del Poder Legislativo y los principales centros de investigación; adecuar la ley orgánica de la administración pública federal; formular una ley para el ordenamiento costero; exenciones fiscales para quienes realicen conservación y restauración ecológica; fuentes renovables de energía; y proyectos de reducción y captura de emisiones de GEI.