Nos encontramos en uno de esos momentos recurrentes de toda democracia electoral representativa en los que se manifiesta una de sus dimensiones dominantes: el corto plazo. Los electores decidirán si votan y por quiénes en función de empatías hechas o de cómo comprendan los mensajes de los candidatos sobre lo que prometen para los próximos tres años. Para los candidatos el interés por los problemas del pueblo termina más rápidamente, en cuanto reciben la constancia que los acredita como “representantes de la nación”, que no de los votantes concretos del distrito al que pertenecen. Y el centro de atención de todos los partidos políticos se limita a la posible composición del Congreso para el segundo trecho de la administración sexenal, y cómo ello los posicionará hacia la “grande” de 2012.
El móvil de los partidos es pues obtener la mayor tajada posible del pastel en la Cámara de diputados para sólo tres años, y no se afanan en presentar ninguna reflexión sobre el significado de sus propuestas de hoy como pasos hacia objetivos nacionales deseables de mediano y largo plazos.
¿Quién se ocupa, entonces, del mediano y largo plazos? Si los partidos políticos y sus candidatos son incapaces de incorporar en sus propuestas de hoy una visión de futuro, mucho menos de entender la amenaza que significa para el desarrollo y el bienestar el cambio climático y la degradación de ecosistemas. No entienden que se trata de un asunto de interés estratégico fundamental, que hoy día tiene que ver en cómo expresar en política interior el posicionamiento de México en el marco de las reglas internacionales multilaterales post Kyoto. En diciembre de este año, en Copenhague, se definirán términos con la intención de iniciar una segunda revolución industrial para descarbonizar la economía global, así como dar una nueva dimensión a la planeación del desarrollo, con ordenamiento territorial en serio y políticas demográficas de largo plazo. ¿No son éstos asuntos de seguridad estratégica y de gobernabilidad a futuro?
Hay que insistir que hasta el mismísimo Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, al presentar el estudio “Galindo” (por el nombre del colega que lo coordinó) sobre la “Economía del Cambio Climático en México” (Glocalfilia del 9 de junio), reconoció que “en todo el mundo se ha llegado a la conclusión de que el cambio climático, generado por el ser humano, es tanto un problema técnico ambiental, como un problema económico de la mayor relevancia”. Señaló además que la principal conclusión de este estudio “nos alerta sobre el hecho de que los costos de una acción eficaz, oportuna y global, para mitigar sus efectos, son menores a los graves daños económicos que se derivarían de la falta de acción”.
Las estimaciones de los costos totales de la inacción en materia de cambio climático no son muchas, debido a la relativa novedad del tema y a la complejidad de los modelos y los datos que se requieren. La evaluación más sobresaliente es la de Nicholas Stern (2007), que indica que si no se adoptan pronto políticas globales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, los costos directos serán equivalentes a una pérdida del 5 por ciento del PIB global por año y, considerados los costos indirectos, la pérdida total puede elevarse al 20 por ciento o más. Otros investigadores, como Kemfert y Schumacher (2005), estiman que los costos en 2100 de la inacción hoy día pueden representar el 23 por ciento del PIB global por año. También calculan los daños en caso de que se adopten medidas a partir de 2030, en cuyo caso los costos equivaldrían aproximadamente al 15 por ciento del PIB global. William Nordhaus (2007), no obstante aplique una mayor tasa de descuento que Stern y por consiguiente concluya que no es tan urgente actuar de inmediato, obtiene como resultado un costo del 20 por ciento del PIB global en 2100 si las medidas de mitigación se inician hasta 2050.
El cambio climático puede afectar niveles agregados de inversión y ahorros, lo cual impactará a la economía en su conjunto. Fankhauser y Tol (2005) hallaron que los costos “indirectos” pueden incluso exceder a los costos “directos” del cambio climático. Ante la rigidez de los mercados de capital y laboral, probablemente estos costos sean aún mayores, particularmente si hay cambios súbitos de calidad ambiental. Hallegatte et al (2006) encuentran, con base en un modelo que permite comparar los impactos en conjunto, que éstos serían mucho mayores ante un evento shock climático dada la rigidez de los mercados. En último análisis, en cierta situación de frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, una economía podría encontrarse en un estado de “reconstrucción perpetua”.
Además, los impactos en los ecosistemas frecuentemente se excluyen de las estimaciones económicas de los costos de la inacción climática. Pero existe evidencia de que incluso con incrementos muy pequeños de temperatura la degradación puede ser muy importante, como es el caso del blanqueamiento de corales o las disrupciones documentadas en hábitat de especies. Existe también un alto nivel de certidumbre de que la extensión y la diversidad de los ecosistemas polares y de tundra se encuentran en declive, que las plagas y enfermedades han ampliado su distribución latitudinal y altitudinal, y que la pérdida de biodiversidad golpea significativamente a especies polinizadoras de interés agrícola. Arnell et al (2002) reportan que, bajo el escenario de la inacción, la pérdida global de cobertura vegetal podría acumular entre 1.5 y 2.7 millones de kilómetros cuadrados en 2050, y alcanzar entre 6.2 y 8 millones de km2 en 2080. Ya hoy día queda solamente alrededor del 50 por ciento de la cobertura vegetal global original primaria planetaria, la mayor parte de la cual se ha perdido durante los últimos 50 años. En México, de alrededor de 1.5 millones de kilómetros cuadrados de vegetación primaria original quedan solamente alrededor de 0.5, la mayor parte de la cual se destruyó durante los años sesenta a los ochenta del siglo pasado (incluido el esfuerzo de la Comisión Nacional de Desmontes, de triste memoria).
La política ambiental tiene implicaciones directas para incentivar que se evite un legado ambiental negativo a nuestros hijos y nietos. La inacción hoy es un problema de ética ante las generaciones futuras. Es urgente que las señales de los precios y las regulaciones reflejen estos costos, y que sean impuestas a aquéllos que están en posición de reducir los impactos, ya que prevenir ex ante es mucho menos costoso que remediar o adaptarse ex post. El combate al cambio climático y a la crisis ambiental global impone como indispensable una coordinación internacional, pero para que ello sea posible, simultáneamente deben desarrollarse políticas domésticas en tal sentido. Esto no forma parte de lo que está en juego en las elecciones del próximo domingo 5 de julio. ¿Cuándo asumirán nuestros congresistas sus responsabilidades a este respecto?